Gremios empresariales condenan "con firmeza" eventuales pagos de coimas a funcionarios públicos en el caso Hermosilla

"Nos preocupa sobremanera que la institucionalidad sobre la cual se sustenta nuestra democracia sea dañada por estos actos que vulneran la fe pública y la confianza que permiten el correcto funcionamiento de los mercados".

Así de crítico se mostró el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, tras conocer un reportaje publicado por Ciper, en el que se muestra un audio en que se mencionan posibles coimas a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) por parte del renombrado abogado penalista Luis Hermosilla y Daniel Sauer, dueño de Factop.

Para el dirigente empresarial, la información es "extremadamente grave", pues da cuenta de una red de corrupción donde estarían involucradas varias personas e instituciones públicas de alta connotación. "Condenamos con firmeza estos hechos y esperamos que los organismos pertinentes investiguen con máxima celeridad para poder castigar con todo el rigor de la ley a quienes resulten culpables de delito". 

En esa línea, la declaración agrega que, como sector empresarial, lamentan profundamente que la falta a la probidad e irresponsabilidad de unos pocos "perjudique al conjunto de la sociedad. Esto amerita actuar con sentido de urgencia y severidad". 

Con todo, la declaración termina señalando que desde la CPC y sus ramas "promovemos con total convicción la cultura de integridad, el actuar ético y apegado a los valores dentro de las empresas de nuestro país. El corrupto mecanismo que se ha dado a conocer atenta contra los principios y buenas prácticas que deben imperar en las relaciones entre personas, empresas e instituciones públicas, por lo que lo rechazamos tajantemente”.

Golpe a la integridad

Desde la Fundación Generación Empresarial (FGE), entidad sin fines de lucro, que promueve la integridad, ética y las mejores prácticas en las empresas, también criticaron categóricamente los hechos dados a conocer en el audio.

“Desde FGE condenamos y observamos con preocupación los hechos que se han conocido, pues en caso de comprobarse representan un nuevo golpe a la integridad, dañando al sector privado e impactando la institucionalidad del ámbito público", plantearon desde la organización.

Desde la perspectiva de la entidad, se trata de una situación compleja, pues "hoy más que nunca tenemos el deber como sociedad de erradicar la corrupción y las malas prácticas". Para FGE, esto requiere construir una cultura organizacional donde la ética esté al centro, "predicando con el ejemplo y sancionando con el máximo rigor de la ley aquellas acciones que atentan contra lo anterior”.

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) abordó el tema, calificando el contenido de los audios como "de la mayor gravedad".

En esa línea, desde la entidad plantearon que, de comprobarse que los hechos allí descritos son efectivos, se estaría frente a actos de corrupción que como país no pueden ser tolerados y que como Sofofa condenan enérgicamente, agregando que casos como "este dañan la confianza de la sociedad en las instituciones e instalan un manto de duda sobre organizaciones que deben ser ejemplo de integridad", dice la declaración, apuntando a las entidades públicas involucradas en el caso.

A modo de cierre, desde el gremio industrial plantearon que esperan que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con la máxima celeridad "y apliquen el rigor de la ley en caso de comprobarse la ocurrencia de delitos, demostrando que no hay tolerancia para la corrupción. Asimismo, que las instituciones refuercen sus mecanismos de control".

El mea culpa del sector privado

Si bien desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) también se sumaron a los cuestionamientos planteados por los otros gremios, desde esta entidad fueron más críticos hacia el actuar del propio sector privado en el caso de Factop.

Así, desde el gremio plantearon que los hechos deben ser enfrentados con celeridad y "sin empates ni ventajas".

La declaración del gremio agrega que como entidad "instamos a las empresas y a los funcionarios públicos de nuestro país, que desempeñan sus labores de manera ética, a seguir avanzando en la senda del trabajo bien hecho", señalan desde la CCS, agregando que si bien este tipo de esfuerzos pueden no ser tan difundidos, ni generar impacto mediático instantáneo, elevan los estándares de cumplimiento.

Para la CCS, este tipo de denuncias impactan en "la confianza de las personas en las instituciones públicas y privadas, así como en las empresas. Sin embargo, a la falta de ética y al delito no debemos darles el poder de socavar la esperanza y convicción de que nuestras acciones cotidianas marcan la diferencia", plantearon.

Con todo, para la entidad la clave para abordar situaciones de este tipo, radica en que, tanto las empresas como los funcionarios públicos y privados, cuenten con los procedimientos y herramientas necesarios "para prevenirla, detectarla, castigarla con el máximo rigor y frenar su propagación".